La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inválidos los decretos del Congreso de Nuevo León de hace cinco meses, en los cuales los diputados del PRI y del PAN dan nombramientos a Fiscales especiales, Auditor Superior, Magistrados y Consejero de la Judicatura.

El gobierno estatal dio a conocer la notificación emitida por la SCJN en la que se declara la invalidez de decretos en la gaceta Legislativa. 

El Congreso local nombró a Javier Garza y Garza como Fiscal Anticorrupción; Gustavo Javier Solís, Fiscal Electoral; Alejandro Reynoso, Auditor Superior; Álvaro Ibarra, designado Magistrado del Poder Judicial, cargos que quedarán sin efecto, de acuerdo con el gobierno estatal.

Se invalidó la pretensión del Congreso de quitar facultades al gobernador para vetar a los candidatos postulados por el Congreso para ser titulares de la Fiscalía General del Estado, así como la prohibición de intervenir en la designación de magistrados del Tribunal Justicia Administrativa y para nombrar a su secretario de Gobierno y de Finanzas.

En la Controversia Constitucional 262/2023 el Ejecutivo requirió la intervención de la Corte tras la publicación de Reformas a la Constitución del Estado de Nuevo León de parte del Congreso, las cuales consideraron ilegales. 

El pasado mes de octubre la Suprema Corte hizo público un comunicado en el que se anunció la invalidez de diversas disposiciones de la Constitución Política del Nuevo León.  

El pasado viernes, en la página oficial de la SCJN se publicaron los efectos de la sentencia, en el documento se puede leer “Se declara la invalidez de la publicación de los decretos 340, 341 y 342 en la Gaceta Legislativa del Congreso del estado de Nuevo León el ocho de marzo dedos mil veintitrés”.

Además, se detallo que también queda sin efectos cualquier otro acto, norma, gestión o nombramiento que dispongan los decretos antes mencionados, pues carecen de efectos jurídicos.  

Derivado de lo anterior, todos los decretos y acuerdos que fueron publicados por el Congreso, quedan nulos, lo mismo para los nombramientos efectuados con base a la Constitución modificada. 

El comunicado cierra condenando como delito de usurpación de funciones todo acto de molestia y continuación en los cargos mencionados.